Rendición Pública de Cuentas Específica de Diremar y Silala

En acto público desarrollado en el salón Samaipata del Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller David Choquehuanca, el secretario General de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (DireMar), Emerson Calderón, y René Martínez, Secretario General de la Dirección Estratégica de Defensa del Manantial Silala (DireSilala) rindieron informe ante el Cuerpo Diplomático acreditado en el país.

En la oportunidad, el canciller Choquehuanca señaló que los problemas de las naciones deberían ser resueltos con el apoyo de la comunidad internacional y valoró el informe presentado sobre el Silala y la cuestión marítima. Tras convocar a los diplomáticos a romper el miedo y ayudar a resolver los problemas entre los países, aseguró que los bolivianos “no queremos que les vaya mal a nuestros hermanos de Chile, al pueblo chileno” y destacó que los pueblos quieren “integración y construir hermandad”.

Choquehuanca reivindicó el multilateralismo y la participación de la comunidad internacional y de organismos como la ONU y otros en la solución de controversias internacionales, como el que enfrentan Bolivia y Chile, en el marco del diálogo de los pueblos. “Nosotros pensamos que el problema de los bolivianos es de los bolivianos nomás, y no tiene que ser así. El problema de los palestinos no tiene que ser solo un problema de los palestinos”, aseguró el Canciller boliviano.

Silala

En su informe, René Martínez, reivindicó la soberanía boliviana sobre las aguas de los manantiales del Silala, ubicados en el cantón Quetena del departamento de Potosí y expuso cronológicamente cuál fue el comportamiento de ambos Estados respecto de las aguas del Silala entre 1886 y el 2016. “Esta es la realidad actual que cualquier ciudadano puede verificar: las canalizaciones artificiales han permitido un flujo inducido, un flujo forzado permanente de agua hacia el lado chileno”, dijo.

El Secretario General de DireSilala, René Martínez.

En 1886 ya existen obras de captación de aguas en el Silala por parte de la empresa ferrocarrilera chilena con la finalidad de canalizarlas mucho antes de la concesión otorgada en 1908 por la Prefectura de Potosí.

En 1904, aparece por primera vez, en un mapa provisorio, el supuesto río internacional que hoy reivindica Chile.

En 1908, Chile solicita la autorización del uso de las aguas exclusivamente para alimentar las locomotoras a vapor de ese tiempo.

En 1914, aparecen las primeras noticias de que parte de estas aguas estaba destinada a la industria minera de Chuquicamata y demanda de agua potable.

En 1940, se verifica la denuncia de que la concesión otorgada por la Prefectura de Potosí estaba siendo utilizada para otros fines.

En 1960, una comisión oficial boliviana constata el uso ilegal de las aguas del Silala por parte de Chile.

En 1997, el Ing. Antonio Bazoberri difunde un estudio que señala que en el cantón Quetena del departamento de Potosí no existe ningún río.

El mismo año, mediante escritura pública de la Prefectura de Potosí, se revoca la concesión. Ya no existía la circulación de locomotoras a vapor y las aguas eran destinadas a fines diferentes al objeto de la concesión.

En 1998, Chile despliega una campaña que habla de un río internacional por el que supuestamente le asistirían derechos para compartir las aguas del Silala.

En 1999, en Bolivia se intenta una licitación pública para el uso de esas aguas. La empresa Ductec quiso cobrar entre privados por el uso de estas aguas, pero fracasó en su intento.

En 2006, se suscribe la agenda de los 13 puntos, la misma que el punto 7 establece la discusión sobre las aguas del Silala entre Bolivia y Chile.

En 2010, tras cinco años de reuniones bilaterales y agendas desarrolladas en comisiones binacionales que no llegaron a ningún acuerdo, Chile unilateralmente decide no proseguir con la discusión del reconocimiento económico en favor de Bolivia por el uso de las aguas del Silala.

En 2016, ante las negativas permanentes de Chile el gobierno boliviano decide sentar soberanía sobre las aguas del Silala y anuncia una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante el gobierno boliviano.

En resumen, las aguas del Silala no corren bajo ningún rio internacional; en el lado chileno hay obras civiles, construidas para inducir el flujo artificial de las aguas hacia Chile. El uso de las aguas del Silala por parte de Chile es ilegal, ya que la concesión otorgada en 1908 tenía una única finalidad alimentar las locomotoras a vapor. Hoy Chile usa estas aguas en su mayoría para la industria minera y un porcentaje mínimo para el consumo humano, generando graves impactos ambientales. 

La integración regional pasa por resolver estas deudas históricas que están pendientes.

Diremar

Por su parte, el secretario General de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Emerson Calderón, expuso los compromisos asumidos por autoridades chilenas y los argumentos de hecho y de derecho que nuestro país puso a consideración de la CIJ en La Haya para que negociar, de buena fe y en un plazo razonable, el retorno soberano de Bolivia al océano Pacífico.

Calderón valoró a la CIJ como uno de los medios más utilizados por los Estados para resolver sus disputas, apegados al derecho internacional y a su ordenamiento jurídico.

En ese sentido, indicó que ambos países firmaron acuerdos para negociar, intercambiaron notas, declaraciones conjuntas y actas que reflejaban el compromiso que habían asumido las partes, después de reuniones bilaterales de iniciar una negociación que permita a Bolivia superar su enclaustramiento.

El Secretario General de Diremar, Emerson Calderón.

Sin embargo, pese a estos antecedentes, en 2011 Chile no cumplió con su obligación de negociar, negando que exista algún asunto pendiente con Bolivia. Destacó de las resoluciones de la OEA entre 1975 y 1989 y las de 1980, 1981 y 1983 en las que Chile apoya y se suma a las decisiones de este organismo hemisférico.

Por ello, el 23 de marzo de 2011 luego de haber agotado en la agenda de los 13 puntos y ante la negativa chilena de encontrar una solución, el presidente Evo Morales tomó la decisión histórica de acudir a la Corte Penal Internacional de Justicia para hallar por la vía del derecho internacional una solución al enclaustramiento marítimo de Bolivia.

Destacó la presentación de la demanda de Bolivia contra Chile ante la CIJ, el 24 de abril de 2013 y la presentación de los fundamentos de hecho y de derecho que la sustentan, el 15 de abril de 2014; ante la cual Chile presenta una objeción a la competencia del tribunal de La Haya. Esta objeción no prospera y tras los alegatos presentados por ambos países entre el 4 y el 8 de mayo de 2015, el 24 de septiembre de ese año la CIJ determina rechazarla y declararse competente.

“Si tenemos la oportunidad de cotejar el contenido de la sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia y la tesis jurídica que planteaba Bolivia, vamos a advertir que la Corte acogió todos los argumentos que había planteado Bolivia”, aseguró Calderón.

“Lo más importante, en el párrafo 34 de la sentencia, es que la CIJ acogió el objeto de la controversia que había presentado Bolivia en su demanda del año 2013, porque determinó claramente que la controversia de la disputa sometida a su conocimiento es la relativa al efecto jurídico vinculante de actos e intercambios diplomáticos suscitados por ambos países de manera independiente al Tratado de 1904, lo que nos da una profunda confianza en el proceso”.

Vista general de la rendición pública de cuentas de DireSilala y Diremar.

La Paz, 13 de enero de 2017