Fecha: 
Viernes, 7 Agosto 2020 - 5:00pm
Nombre de la Persona: 
Ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric Rodriguez
Discurso: 

Señor Presidente del Consejo Permanente, Emb. Luis Fernando Cordero

Señor Secretario General, Emb. Luis Almagro

Señor Secretario General Adjunto, Emb. Néstor Méndez

Señoras y señores Embajadores, Representantes Permanentes

Señoras y señores:

Tengo el honor de dirigirme a ustedes, a nombre del Gobierno Constitucional de Bolivia, para compartir con la comunidad internacional la situación que vive el Estado Plurinacional de Bolivia actualmente. Hoy nos encontramos a dos meses de la celebración de elecciones generales que reivindicarán la democracia boliviana después del nefasto fraude electoral cometido en las últimas elecciones de octubre de 2019.

El día de ayer, 06 de agosto, se conmemoró el 195 Aniversario de la Independencia de Bolivia, pero esta celebración viene cargada de sentimientos encontrados; por un lado, después de muchos años celebramos el Día de la Independencia en un contexto de plena democracia y pronto llevaremos a cabo elecciones democráticas y transparentes. Por otro lado, el país se encuentra atravesando la etapa de mayores índices de contagios y fallecimientos provocados por la pandemia del COVID-19.

Esta situación se agrava por las acciones de sectores políticos que -dirigidos e incitados por el expresidente Morales- atentan contra los derechos humanos de las personas que sufren COVID-19 y de la población en general. Estos sectores inescrupulosos no ocultan su naturaleza antidemocrática. Buscan el caos, la confrontación y la muerte para encubrir 14 años de despilfarro, corrupción y abusos, e imponer una agenda autoritaria. 14 años marcados por más de cien muertos, más de mil exilios y decenas de encarcelamientos por motivos políticos.

En el último mes, grupos afines al partido político Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales han iniciado una serie de acciones violentas, bajo pretexto de exigir las elecciones generales para el día 6 de septiembre de 2020.

En efecto, las elecciones estaban previstas para el 6 de septiembre, pero el Tribunal Supremo Electoral, que es uno de los poderes independientes del Estado boliviano, ha determinado que la fecha de elecciones sea postergada 42 días. Esta decisión no fue basada en presiones políticas, sino en argumentos científicos, basados en un análisis objetivo de la situación sanitaria que atraviesa Bolivia.

La reprogramación de las elecciones también ha sido confirmada por otro órgano del Estado, el Órgano Judicial, a través de una resolución dictada por un tribunal de garantías, y -a su vez- el enviado personal del Secretario General de la ONU ha respaldado esta decisión. El Gobierno de Bolivia, respetuoso de la Constitución y las leyes, cumplirá esta determinación del Tribunal Supremo Electoral y concurriremos a las elecciones en el mes de octubre. 

Ante la reprogramación de las elecciones, el expresidente Evo Morales, y grupos afines al Movimiento al Socialismo, han iniciado acciones violentas e inhumanas. Tal es así que en la marcha del 29 de julio organizada por la Central Obrera Boliviana, se registraron ataques contra una ambulancia, contra personal médico y contra periodistas. Posteriormente, y con uso indiscriminado de dinamita, realizaron violentos bloqueos de caminos y carreteras en diferentes puntos del país, impidiendo el paso de insumos médicos esenciales para la salud del pueblo boliviano.

Respetamos el derecho a la protesta pacífica, pero como se ha visto en medios de comunicación y en redes sociales, estas protestas no pueden de ninguna manera ser consideradas pacíficas por la comunidad nacional o internacional. Explosiones, dinamitazos, incendios forestales y destrucción de la propiedad son algunas de las consecuencias de estas feroces acciones. Pero lo más aberrante de estos bloqueos son sus consecuencias para la salud de la población boliviana.

Ni en situaciones críticas de conflictos armados se podría restringir la circulación de medicamentos y ambulancias a los centros sanitarios, o instigar a medidas violentas contra el personal de salud, como está ocurriendo actualmente en Bolivia por parte de estos grupos, en clara contravención a los principios del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Las atrocidades de los grupos afines a Morales van incluso más allá: impiden el transporte de oxígeno y la movilización del personal de salud que no llega a quienes necesitan auxilio. ¿Por qué Evo Morales, le quita el oxígeno a su pueblo, a los enfermos, quienes buscan con todas sus fuerzas aferrarse a la vida? Porque no le importa el bienestar colectivo. Solo le importa promover sus ambiciones personales. Recordemos que ya en octubre y noviembre del año pasado, tras el fraude electoral, Morales llamaba a impedir el tránsito de comida, combustible e insumos básicos para asfixiar a las principales ciudades del país. Esto lo retrata plenamente.

En los últimos días, dirigentes sociales de la ciudad de El Alto denunciaron que cinco personas fueron raptadas y torturadas por no sumarse al llamado a la confrontación. Muchos bolivianos se sienten secuestrados en sus propias casas, secuestrados en sus propios barrios y pueblos, por el aparato de opresión que ha creado Morales.

Estos actos violan flagrantemente los derechos humanos de la población y constituyen hechos delictivos que la mayoría del pueblo boliviano condena enérgicamente y que el Gobierno busca controlar, como le corresponde hacerlo. Sin embargo, cualquier medida del Gobierno de Bolivia para enfrentar estas ilícitas acciones es rápidamente denunciada por el Movimiento al Socialismo y el Sr. Morales como opresión política, cuando en realidad son acciones legítimas y necesarias para precautelar la salud de todos los bolivianos.

Ya el 03 de agosto el líder del MAS escribió en sus cuentas de redes sociales que denunciaba ante la comunidad internacional que el Gobierno de Bolivia estaría persiguiendo políticamente a los organizadores de estos bloqueos. Por el contrario, el gobierno busca y propicia el diálogo, y únicamente toma acciones proporcionales y necesarias para evitar estos ataques contra la salud de los bolivianos. El nexo entre el Sr. Morales, el MAS y la violencia es evidente. En el fondo, busca la ingobernabilidad del país, sin importar las consecuencias de sus actos para la salud de los bolivianos.

¿Qué otro fin podría perseguir con sus acciones? El capricho de realizar las elecciones en septiembre, y no en octubre, no responde a razones lógicas ni democráticas, sino simplemente a deseos manifiestos de confrontación para preservar sus privilegios y el proyecto de poder que ha diseñado.

Bolivia, como Estado soberano, no va a permitir que esta violencia y amedrentamientos continúen. Tenemos la labor primordial de velar por los derechos humanos y por la salud de nuestra población, y lo haremos con todos los medios legales que estén a nuestro alcance.

Ante esta alarmante situación, el Gobierno de Bolivia solicita que los organismos internacionales se manifiesten censurando la flagrante violación de los derechos humanos. Las manifestaciones y bloqueos promovidos por grupos afines al expresidente Morales están poniendo en peligro la vida de miles de bolivianos, y esto no puede ser consentido por la comunidad internacional, como tampoco puede ser ignorado el hecho que no es la primera vez que el expresidente Morales llama abiertamente a la confrontación y a la violencia.

Asimismo, manifestamos nuestro desconcierto y preocupación por la pasividad con la que la comunidad internacional recibe los pronunciamientos, provocaciones y violaciones a los derechos humanos de parte de Evo Morales, desde su asilo o refugio en Argentina, siendo que inclusive la opinión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha dejado en claro que el asilo no puede ser utilizado para incitar la hostilidad o la violencia en el país de origen. Evo Morales siembra caos en un periodo crítico para la historia de Bolivia. Estos pronunciamientos hostiles tienen consecuencias tangibles y pretender defenderlos bajo el argumento de la libertad de expresión, es objetivamente injusto.

Morales, desde su asilo o refugio, manifestó su deseo de formar milicias armadas en Bolivia – tal y como el régimen de Maduro lo hizo en Venezuela. Hizo llamados a individuos dentro de la Policía Boliviana y las FFAA a levantarse con armas contra el Gobierno Constitucional, contra la democracia. Ante esta situación, en numerosas ocasiones, el gobierno transmitió por la vía diplomática su preocupación por estas violaciones al Derecho Internacional del Refugio y del Asilo.

A nombre de todo el pueblo boliviano, pido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos objetividad e imparcialidad. La CIDH no debe convertirse en un portavoz y un altavoz de Evo Morales y de sus adeptos que ilegítimamente controlan la Defensoría del Pueblo en Bolivia. La parcialización ideológica de la CIDH no ayuda a acabar con la violencia en Bolivia – solamente desacredita a esta importante institución y profundiza las divisiones en nuestro continente.

El absoluto rechazo a los bloqueos violentos y a los llamados a la confrontación es compartido por todas las fuerzas democráticas en Bolivia. Por separado, todos los partidos y las alianzas democráticas condenaron los actos violentos de quienes bloquean el paso de ambulancias e insumos médicos, y dinamitan carreteras. A esta condena de los partidos políticos, se han sumado las voces de la sociedad civil organizadas en plataformas ciudadanas, en federaciones de juntas vecinales y en comités cívicos.

Señores representantes, en noviembre del año pasado hemos vivido una revolución en la que los bolivianos salieron a las calles pacíficamente para exigir el respeto a su voto y los jóvenes tomaron las riendas del futuro en sus manos. Bolivia fue un ejemplo: removió a un tirano a partir de la fuerza moral de su pueblo, sin cansarse y sin rendirse.

Bolivia tiene el objetivo de cumplir con las metas de la integración americana, dialogando con respeto, entereza y dignidad con los Estados del continente. Bolivia agradece a los países de la OEA y a la Secretaría General el apoyo a la democracia y a la condena a la violencia.

Bolivia, sus ciudadanos y su gobierno están comprometidos con los más altos valores e ideales que compartimos todos quienes nacimos en este hemisferio: la  democracia y la libertad. Los bolivianos estaremos siempre al lado de quien lucha legítima y pacíficamente por sus derechos. Siempre condenaremos a quien abusa de la fuerza, a quien llama a la violencia contra sus propios hermanos, a quien desprecia la vida y envía a sus militantes al sacrificio colectivo, sin honor y sin conciencia.

Hoy, el pueblo boliviano espera lo mismo de nuestros países hermanos: no nos dejen solos en esta lucha pacífica.

Muchas gracias. 

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