Fecha: 
Miércoles, 12 Diciembre 2018 - 9:45pm
Nombre de la Persona: 
Diego Pary Rodríguez, Ministro de Relaciones Exteriores
Discurso: 

 

Señora Presidenta Margarette May Mcaulay, Comisionada Arosemena, Comisionado Vargas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes de la sociedad civil, permítanme saludarlos y expresarles mi reconocimiento a nombre del estado boliviano, a cada uno de los aquí presentes y expresar el honor que significa concurrir el día de hoy a la presente Audiencia Pública, para informar sobre las cuestiones planteadas por los solicitantes y los requerimientos de la Comisión.

Como ya es de conocimiento de la CIDH, Bolivia es uno de los países que tiene menos casos en el sistema interamericano, y de manera responsable hemos participado como estado en todas las convocatorias que la Comisión ha decidido realizarlas.

CONTEXTUALIZACIÓN

En este contexto, el estado boliviano se hace presente en esta audiencia, en virtud del artículo 66 del Reglamento de la Comisión y, como corresponde, responderá a todos y cada uno de los comentarios realizados por la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia conjuntamente la Fundación de Derechos Humanos en su solicitud del 21 de septiembre, referida al “Estado de situación del Derecho al Sufragio Activo en Bolivia”.

PROFUNDIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA EN BOLIVIA

Señoras y señores Comisionados, es importante el día de hoy entender, con claridad, el contexto transformador e histórico bajo el que se ha desarrollado la democracia boliviana. La valiente e incansable lucha del pueblo boliviano contra regímenes de dictadura militar logró que, en fecha 10 de octubre del año 1982, finalmente Bolivia retorne a la democracia. A partir de esa fecha, y por poco más de 36 años, los ciudadanos bolivianos gozamos de la prerrogativa de elegir a nuestros gobernantes, de ser elegidos y de ejercer funciones públicas.

Desde el retorno a la democracia, la población boliviana fue en reiteradas oportunidades a las urnas electorales para elegir un gobierno legalmente constituido, que se hiciera cargo de los destinos del país. Sin embargo, debido a la baja legitimidad de los actores políticos por el manejo discrecional, sectario y patrimonialista que hacían de las instituciones públicas, en las elecciones presidenciales de los años 1985, 1989, 1993, 1997 y 2002, fue el entonces denominado Congreso Nacional, y no el voto popular, el que en definitiva eligió a los presidentes y vicepresidentes del Estado.

Un caso patético fue la designación del presidente en el año 1989, quién había terminado tercero en las elecciones generales, mediante alianzas con la clase política tradicional, terminó ocupando la más alta magistratura del Estado.

Ese modelo viciado de la democracia se conoció en Bolivia como  democracia pactada, una forma de elección congresal de las máximas autoridades estatales a través de pactos políticos, afincados en la prebenda y el cuoteo político de instituciones públicas.

La democracia pactada, lamentablemente, no resolvió las numerosas, constantes y legítimas demandas de los sectores sociales bolivianos, particularmente, de aquellos que se encontraban en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad. Al contrario, el vaciamiento patrimonial del Estado mediante políticas de privatización, en las que muchas veces participaban como beneficiarios los propios actores políticos, las agravó.

El año 2005, se llevaron adelante los comicios electorales en los que el pueblo eligió al primer presidente indígena de Bolivia, el presidente Evo Morales Ayma, quien ganó con una amplia e histórica mayoría del 53.74% de votos a su favor, siendo posesionado el 22 de enero de 2006. A partir de la elección del presidente Morales, se ha llevado adelante un amplio proceso de profundización de la democracia y la inclusión social.

En efecto, el 6 de agosto del año 2006, se instaló la Asamblea Constituyente que por primera vez en la historia de Bolivia contó con la más amplia representación a nivel nacional. La Asamblea Constituyente estuvo conformada por un total de 255 asambleístas, con una importante participación de los pueblos y naciones indígena originario campesinos.

La Asamblea Constituyente se planteó un verdadero reto para llevar adelante la refundación del Estado boliviano, cuyos puntos neurálgicos, entre otros, consistían en:

El reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado boliviano, para la inclusión de las naciones y pueblos indígena originario campesinos;
La incorporación de un amplio catálogo de derechos y garantías fundamentales, para la protección de los menos favorecidos;
El establecimiento de un régimen de autonomías en los niveles departamental, regional, municipal e indígena originario campesino;
La implementación de una economía plural, constituida por formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y cooperativa; y
La protección de la Madre Tierra, incluyendo el derecho de las personas a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado.

Desde sus inicios, nuestro gobierno ha buscado, por un lado, la implementación de políticas sociales destinadas a la lucha contra la pobreza extrema y a brindar a las bolivianas y los bolivianos condiciones de vida digna bajo el paradigma del vivir bien y, por otro lado, llevar adelante un proceso de profundización de la democracia.

En ese marco, se han perfeccionado mecanismos ya existentes y se han incorporado nuevos mecanismos para el ejercicio efectivo de la democracia, entre los que se pueden mencionar:

El voto universal directo y secreto;
El referendo;
La revocatoria de mandato;
La asamblea;
El cabildo; y
La consulta previa.

En este contexto, el 21 de febrero de 2016, en Bolivia se realizó un referendo sobre la modificación del artículo 168 de la Constitución boliviana, respecto a la reelección continua del Presidente o Presidenta y Vicepresidente o Vicepresidenta. Los resultados de este referendo arrojaron una diferencia mínima del 1% a favor de la opción negativa. Pero cabe aclarar, que este resultado, fue manipulado e inducido, a través de una campaña corporativa mediática, planificada y mentirosa de desprestigio, creada en contra del presidente de las bolivianas y bolivianos. A pesar de ello la Constitución Boliviana, no se modifico en los artículos que proponía, con lo cual se dio pleno cumplimiento a propósito del referendo realizado y no existe ninguna vulneración como mencionan los solicitantes en esta audiencia.

Previo a concluir esta presentación Presidenta, reiterar a la comisión que Bolivia goza de plena estabilidad política, económica y social, con una democracia consolidada, con elecciones libres y de acuerdo a la legislación del país, para todos los cargos y niveles.

A continuación, tengo a bien ceder la palabra al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, quien explicará la protección y vigencia de los derechos humanos en el marco de la Constitución Política del Estado, así como el contenido de la Sentencia Constitucional 0084, objeto de la presente audiencia.

 

Washington D.C., 05 de diciembre de 2018

 

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